Hace algunos días se publicó en la prensa una noticia sobre un colegio condenado por la ley Zamudio o ley antidiscriminación. El acto reprochado consistió en rechazar el reingreso de una estudiante porque su madre no se encontraba casada. El colegio perteneciente a un movimiento católico, exige como requisito para postular el certificado de matrimonio por la iglesia. Además, también deberá afrontar la investigación de la Superintendencia de Educación, la que puede establecer multas muy superiores al máximo de 50 UTM que establece la denominada ley Zamudio.
La ley antidiscriminación establece una acción judicial para reclamar por actos u omisiones de discriminación arbitraria de todo tipo y no sólo respecto de la orientación sexual, por la que es ampliamente conocida. De hecho, se han presentado denuncias por discriminación política y por discapacidad, entre otras.
Los colegios y otras instituciones educacionales han sido objeto también de este tipo de denuncias. En la región del Bio Bio, a fines del 2012, se demandó a un colegio católico tras negarle a un estudiante la matricula por tener labio leporino, al final, la causa terminó en una conciliación y el colegio publicó un comunicado en el periódico. En Talca también se presentó una denuncia por la negativa del colegio de reingresar a un estudiante con discapacidad física, sin embargo, no continuaron la tramitación del juicio y la causa quedó archivada. Finalmente, en La Serena, un instituto profesional fue demandado por un grupo de personas no videntes a las que se les ofreció matricularse y posteriormente se les negó la matricula, sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones de La Serena rechazaron las pretensiones de los demandantes al considerar que las pruebas presentadas fueron insuficientes para acreditar los hechos.
También los colegios se han visto envueltos —lamentablemente—en actos de discriminación en el ámbito laboral. En efecto, a diario se presentan denuncias por despidos injustificados por discriminatorios. Un caso emblemático se produjo en Viña del Mar, donde en un colegio particular pagado se despidió a una profesora de inglés. Este hecho hubiese sido meramente anecdótico si el despido no hubiese tenido su motivación en la edad de la profesora y en la remuneración que percibía. El caso motivó una notable sentencia de primera instancia, que incluso se estudia en las facultades de derecho, pero fue revocada por la Corte de Apelaciones posteriormente.
La discriminación puede ser muy costosa para un colegio, si es condenado por la ley antidiscriminación puede ser multado hasta por 50 UTM y eventualmente una demanda de indemnización de perjuicios; si es un despido discriminatorio puede costar una indemnización adicional de hasta 11 meses el último sueldo del profesor desvinculado y si motiva la sanción de la Superintendencia de Educación, puede llegar hasta las 1000 UTM.
A nuestro juicio es fundamental promover y educar una cultura de la no discriminación en toda la comunidad y adoptar protocolos o procedimientos que atiendan a criterios objetivos para tomar decisiones que no implican vulnerar los derechos de las personas.
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¿Quieres saber más? Lee acá la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción (Esta sentencia no se encuentra ejecutoriada, es decir, aún proceden recursos en su contra).