Hay varias fórmulas que los sostenedores pueden adoptar para cuando la emergencia sanitaria cese y abra paso a la crisis económica, que van desde las medidas más drásticas como el cierre, hasta reestructuraciones para acomodarse a la nueva realidad.
La crisis sanitaria por el COVID-19 ha involucrado una serie de consecuencias para los establecimientos educacionales, de los que hemos hablado anteriormente (ver: Extensión de la suspensión de clases por Coronavirus ¿Qué consecuencias trae?, Suspensión de clases por Coronavirus ¿qué hacer y qué esperar?, Seguro de cesantía, despidos y pago de colegiaturas: Lo que deben tener presente los sostenedores frente al estado de catástrofe y ¿Deberían pagar los apoderados del colegio durante esta emergencia? ), como la suspensión del empleo, la falta de pago de las colegiaturas y la regulación sobre los despidos en la educación.
Sin embargo, por estos días, hay establecimientos particulares pagados que están evaluando alternativas para conseguir financiamiento privado o incluso solicitar la subvención del Estado; otros también seguramente están evaluando tomar un receso total o parcial, o bien, derechamente, el cierre.
Los colegios que a la fecha reciben copago seguramente están evaluando anticipar el acceso a la subvención por gratuidad o postular a la subvención escolar preferencial, para depender menos del financiamiento proveniente de los padres y apoderados. Mientras que los colegios públicos y subvencionados gratuitos, seguramente estarán preparándose para recibir a nuevos estudiantes provenientes de la educación particular pagada o con copago.
Con todo, cual sea la estrategia que deseen seguir para adaptarse a la crisis económica debe estudiarse no sólo el aspecto financiero de los cambios, sino que también el aspecto jurídico, puesto que no todos los establecimientos pueden seguir todas las opciones mencionadas, debido que las regulaciones están establecidas dependiendo de si reciben financiamiento público y la forma corporativa en la que se organizó el sostenedor, así como también hay ciertas fechas con las que cumplir y formalidades técnicas necesarias para llevar a cabo estos procesos administrativos.
Por otro lado, frente a las dificultades regulatorias que puedan surgir y que impidan la subsistencia de establecimientos o su acceso a financiamiento público, siempre es importante tener a la vista las iniciativas que pueda producirse en el ámbito legislativo, puesto que a través de modificaciones legales podrían ampliarse las opciones para que los establecimientos continúen prestando el servicio educacional.
Hay varias fórmulas que los sostenedores pueden adoptar para cuando la emergencia sanitaria cese y abra paso a la crisis económica, que van desde las medidas más drásticas como el cierre, hasta reestructuraciones para acomodarse a la nueva realidad.
La crisis sanitaria por el COVID-19 ha involucrado una serie de consecuencias para los establecimientos educacionales, de los que hemos hablado anteriormente (ver: Extensión de la suspensión de clases por Coronavirus ¿Qué consecuencias trae?, Suspensión de clases por Coronavirus ¿qué hacer y qué esperar?, Seguro de cesantía, despidos y pago de colegiaturas: Lo que deben tener presente los sostenedores frente al estado de catástrofe y ¿Deberían pagar los apoderados del colegio durante esta emergencia? ), como la suspensión del empleo, la falta de pago de las colegiaturas y la regulación sobre los despidos en la educación.
Sin embargo, por estos días, hay establecimientos particulares pagados que están evaluando alternativas para conseguir financiamiento privado o incluso solicitar la subvención del Estado; otros también seguramente están evaluando tomar un receso total o parcial, o bien, derechamente, el cierre.
Los colegios que a la fecha reciben copago seguramente están evaluando anticipar el acceso a la subvención por gratuidad o postular a la subvención escolar preferencial, para depender menos del financiamiento proveniente de los padres y apoderados. Mientras que los colegios públicos y subvencionados gratuitos, seguramente estarán preparándose para recibir a nuevos estudiantes provenientes de la educación particular pagada o con copago.
Con todo, cual sea la estrategia que deseen seguir para adaptarse a la crisis económica debe estudiarse no sólo el aspecto financiero de los cambios, sino que también el aspecto jurídico, puesto que no todos los establecimientos pueden seguir todas las opciones mencionadas, debido que las regulaciones están establecidas dependiendo de si reciben financiamiento público y la forma corporativa en la que se organizó el sostenedor, así como también hay ciertas fechas con las que cumplir y formalidades técnicas necesarias para llevar a cabo estos procesos administrativos.
Por otro lado, frente a las dificultades regulatorias que puedan surgir y que impidan la subsistencia de establecimientos o su acceso a financiamiento público, siempre es importante tener a la vista las iniciativas que pueda producirse en el ámbito legislativo, puesto que a través de modificaciones legales podrían ampliarse las opciones para que los establecimientos continúen prestando el servicio educacional.