Uno de los problemas más graves que ha dejado la pandemia de COVID-19 en el ámbito de la educación ha sido el incremento de las desigualdades. En el momento en que este artículo se estaba escribiendo una madre de un conocido colegio público de la capital estaba solicitando ayuda para que cinco estudiantes del curso de su hijo pudieran obtener un computador para estudiar.
Resulta obvio pensar que la falta de equipos para estudiar (o trabajar) a distancia es la necesidad más inmediata. De hecho muchos gobiernos concentraron sus esfuerzos en la adopción de medidas tecnológicas (como internet, radio, televisión) para garantizar la continuidad de la educación.
Sin embargo, la actual relatora especial sobre el derecho a la educación de Naciones Unidas, Dra. Koumbou Boly Barry, en su informe por el impacto de la crisis COVID -19 en el derecho a la educación, ha advertido que para garantizarlo debe aplicarse el criterio de la adaptabilidad —del modelo de las 4 “A” planteado por la ex relatora Tomasevski— y considerar soluciones no tecnológicas porque hay dificultades de acceso provocado por la falta de capacidad financiera, de acceso a los medios, de hecho calcula que la mitad de los estudiantes con las clases suspendidas no tiene acceso a computador y un 43% no tiene acceso a internet. Por otro lado, no sólo se trata de una cuestión material, sino que también de saber usar estas herramientas para los estudiantes, los padres y los profesores.
Se agrega a lo dicho que la suspensión de clases aceleró las desigualdades estructurales no sólo en nuestro país, sino que también en el resto del mundo. El informe sostiene que las desigualdades se encuentran mayormente en el caso de los niños que son socialmente vulnerables, cuyos padres no los pueden educar en el hogar, o bien, que no hablan el idioma de la escuela, que viven en viviendas de baja calidad o inseguras, que experimentan exclusión digital, precariedad económica y hambre como resultado del cierre de escuelas, y que no han podido acceder o beneficiarse del aprendizaje en línea.
Señala asimismo, que la emergencia puede dar lugar a la deserción escolar permanente por diversas razones como la imposibilidad de pagar las colegiaturas, por la necesidad de tener que trabajar para mantener a sus familias, la quiebra o cierre de establecimientos por la incapacidad de asegurar condiciones adecuadas de higiene.
Asimismo, manifiesta preocupación por la situación en que se encuentran aquellos estudiantes con discapacidad intelectual cuyos padres no están capacitados para apoyarlos en casa y el aprendizaje remoto no se adapta, ni es apropiado para satisfacer sus necesidades educativas.
Finaliza la Relatora recomendando a los países realizar una exhaustiva evaluación sobre las crecientes desigualdades para enfrentar la pandemia, lo que implica no sacrificar el financiamiento de la educación en favor de otras prioridades y analizar la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros detrás de los sistemas educativos, incluida la consecuencia del escaso financiamiento de las instituciones educativas públicas; un escrutinio del papel de los actores privados en la educación; una evaluación de la adecuación de la protección social brindada a los trabajadores de la educación, incluso en el sector privado; y el escrutinio de la falta de cooperación entre las administraciones de los Estados, las instituciones educativas, los docentes, los alumnos, los padres y las comunidades.
En el mismo sentido, más recientemente, Naciones Unidas ha recomendado la protección de la financiación de la educación y repensar los métodos y sistema educativos para prevenir la deserción escolar y enfocarse en los grupos marginados, promover el valor de los docentes, ampliar el derecho a la educación al tema de la conectividad, reforzar el monitoreo educativo y fortalecer la flexibilidad del sistema escolar.
Si bien actualmente en Chile recién se está comunicando un plan de retorno a clases, parece importante —como lo pone de relieve el contexto internacional— preocuparse por el financiamiento de la educación durante este proceso, puesto que nuestro sistema de financiaimiento escolar está supeditado al promedio de asistencia y se ha planteado un retorno voluntario pero que exige a los establecimientos que operen preparados para recibir a todos los estudiantes que quieran hacerlo, y no se han aclarado cómo operará el cálculo de la subvención frente a una eventual baja en la asistencia.
Pensamos también que la actual situación de emergencia debe invitar a reflexionar acerca de un nuevo modelo de financiamiento de la educación que permita responder a las nuevas circunstancias aparentemente nos acompañarán por un buen tiempo como la deserción escolar, el ausentismo vinculados a rebrotes de COVID-19 o al cumplimiento de los protocolos de contagio, de modo tal que el sistema pueda responder de mejor a las exigencias de financiamiento de la educación.